Economía para andar por casa

Por JoseV, el 02/09/2016

Economía para andar por casa

Vaya por delante que comparar la economía de un país y la familiar es simplemente por encontrar analogías que puedan entenderse fácilmente. También recalcar que aunque te digan que la economía de un país y la de una familia no son iguales, no lo son, tampoco significa que el sentido común aplicado a lo familiar, que suele ser un buen maestro, no pueda serlo en un estado.

Algunas cosas que comparten tanto la economía familiar como la estatal son dos elementos fundamentales: ingresos y gastos. Los ingresos familiares provienen de los sueldos, subsidios o rentas diversas. Los del estado llegan a través de los impuestos o rentas que pueda manejar un país, por ejemplo, las que se originen de la explotación de recursos naturales. En esto último hay grandes diferencias entre países.

Entre los gastos familiares se incluyen partidas como la comida, el vestido, el ocio, luz, agua, los préstamos de casas o de bienes como el coche o la lavadora, sin olvidar temas como los seguros. El estado se gasta el dinero en infraestructuras, salud, en el entramado necesario para que funcione la justicia, la policia, por ejemplo. En el caso del estado los gastos cubren todo aquello que es necesario para su propio funcionamiento y prestar servicios a los ciudadanos: las pensiones, los sueldos de los empleados públicos, los subsidios, la educación, la defensa...

Tanto las familias como los estados realizan inversiones. Una familia por ejemplo lo hace al comprar una vivienda, al firmar un plan de jubilación o hacerse con un paquete de acciones de Google. Yo incluiría en esta partida todo aquello que pueda mejorar la renta familiar, la educación o una herramienta que mejore la productividad, un ordenador o un programa, por ejemplo, podrían entrar en esta categoría, insisto bajo mi punto de vista. Por tanto por la misma regla de tres también podríamos considerar lo gastado por el estado en sanidad o educación como una inversión, aunque estrictamente hablando van a parar a la partida de gastos. Entre las inversiones estatales encontramos las infraestructuras, comunicaciones o las partidas dedicadas a investigación y desarrollo, entre otros.

La diferencia principal entre inversiones y gastos es que las primeras pueden traducirse en una mejora de ingresos, reportan algún beneficio inmediato o futuro, y los segundos cubren necesidades o satisfacen deseos, que pueden ser razonables pero no son necesarios: comer o vestir es necesario, comer pollo de 2 euros/kg o solomillo de 20; vestir en Zara o Lacoste, depende de las posibilidades y prioridades de cada uno. Ir al cine o salir a cenar no es imprescindible, aunque sin duda es muy agradable.

Desde un punto de vista comparativo la principale diferencia entre una familia y un país, es la forma en la que se obtienen los ingresos y la forma en que se endeudan unos u otros y para qué. Para una buena parte de las familias los ingresos son bastante estables, en España el 75% de los trabajadores tienen un trabajo fijo y pronto tendremos 10 millones de pensionistas. Estos cambian cuando un miembro familiar consigue su primer trabajo, cuando alguno de ellos encuentra uno mejor o cuando deja de hacerlo. Hechos extraordinarios como una herencia o la venta de un bien pueden alterar notablemente las rentas de la unidad familiar.

El estado por contra, puede sufrir fuertes variaciones en los ingresos. Esto se debe fundamentalmente a cambios en la marcha de la economía, habitualmente por hechos externos, modificaciones de la política impositiva, que traen una reducción o incremento de impuestos. El estado, si consigue más ingresos podrá dar mejores servicios, disminuir la deuda o reducir los impuestos en sucesivos ejercicios. Por contra si tiene menos dinero deberá recortar el gasto o pedirlo prestado, incrementando la deuda del país.

Mientras que la capacidad de endeudamiento de una familia es bastante limitada, depende fudamentalmente de su capacidad de pago, la del estado es notablemente más flexible. Algunos estados procuran no endeudarse, mientras que otros hacen de ello su principal baza económica. Esta es según mi punto de vista la principal diferencia entre estados y familias. Si bien es verdad que en épocas de crisis la solidaridad puede obligar a incrementar el gasto social, lo cierto es que en una familia este endeudamiento, normalmente, se intentará mantener en un límite asumible y tenderá siempre a recortar primero en los gastos. 

En el estado se argumentará de forma similar, pero los hechos muestran que la diferencia entre unas opciones políticas y otras es notable. Así en España en 2016 la deuda ha alcanzado el 100% del Producto Interior Bruto (PIB) con un gobierno teóricamente austero, como es el del PP. Lo cierto es que la austeridad no existe y en este aspecto no hay grandes diferencias, solo aquellos de corte liberal propugnan un recorte más drástico del gasto, lo que implica medidas muy impopulares, que los partidos tradicionales no están dispuestos a asumir, porque ponen por delante las posibilidades electorales de las necesidades de un país.

A la hora de recortar no hay grandes desigualdades entre izquierdas y derechas, aunque ambos se empeñen en pintarlo de otra forma. Se trata más de una cuestión estética o propagandística que real. Los partidos beben en el mismo caladero de votos y para conseguirlos tomarán medidas muy similares. Es paradójico que algunos gobiernos de izquierda hayan tomado medidas más "duras" que sus contrarios conservadores. En un país como España en el que la consecución de una mayor eficiencia en el gasto, gastar mejor, es compleja dada la estructura política y administrativa que tenemos, siempre se tiende a recortar en aquellas partidas que afectan de una forma indirecta a determinados ciudadanos. No es habitual ver recortes en pensiones o salarios públicos, que son los presupuestos más abultados, al menos no como ocurre en el sector privado, por lo que se tiende a ahorrar en partidas como educación, sanidad, defensa o infraestructuras que al ser mucho más reducidas, son las que sufren recortes porcentualmente más pronunciados.

Los políticos dicen que no se puede gastar menos o incluso plantean que es necesario incrementar el ahorro. Volvamos a la comparación familiar, si en casa pasáramos de un gasto anual de 10.000 euros a más de 100.000 en 30 años cualquiera con un poquito de sentido común diría que seguramente algo se está haciendo diferente. Si en el primer caso viviéramos a base de huevos fritos, con los hermanos heredando la ropa y manteniendo el coche 20 años, diríamos que alguna mejora probablemente sería conveniente, pero ¿hasta el punto de multiplicar el gasto 14 veces? El gasto público per cápita en España en 1980 era de 799 euros, en 1990 se había multiplicado casi por cuatro hasta 3.038 euros, en 2000 fueron 6.132 y en 2012 alcanzamos el pico con un gasto por habitante de 10.855 euros. En 1980 el gasto público suponía un 31,16% del PIB, en 2012 era el 48%. Si las cifras relativas son abultadas, las absolutas son mareantes: en el mismo periodo se pasó de 30.066 millones de euros a 500.071, medio billón de euros. Para los de antes del euro unos 80.000.000.000.000 de pesetas.

Si este aumento fuera el único indicador podríamos poner en duda si se puede hacer de otra manera, pero si vemos como se gasta el dinero en otros países, parece que sí hay otras formas de hacer las cosas. Algunos gobiernos apuestan por la competitividad y el crecimiento de la economía, sin jugarlo todo al gasto. Las diferencias son notables: por ejemplo Singapur gastó un 18,14% del PIB, dedicando a educación el 19,93%, la admirada Suiza un 33,7%, Irlanda un 35,1, Estados Unidos un 35,58 o Australia un 37,25%. Ninguno de ellos invierte menos de un 13% en educación, nosotros menos de un 10%.

Por tanto parece que nuestra gran familia, el estado, tiene los mismos problemas que una buena parte de nuestros vecinos europeos: un gasto desbocado, producto de estructuras extremadamente ineficientes, que tienden a la perpetuación de cualquier gasto nuevo que se incorpora. Por otra parte grandes deudas estatales dedicadas en buena medida al mantenimiento del estado del bienestar, que obligan a asignar enormes recursos a pagar intereses, trasladando a las futuras generaciones el coste de una gestión que, como mínimo, es cuestionable.